La seguridad ciudadana como inversión o fuente de ingresos para el Estado

Carlos Huamán Tomecich, MSc

CEO DN Consultores

cht@dnconsultores.com

Como sabemos, la penetración de banda ancha en Perú es aún baja. El país cerró el año 2012 con una penetración en banda ancha fija de sólo 5%, mientras que el promedio en Sudamérica fue 9%.

No obstante ello, el desarrollo tecnológico permite el surgimiento de contenidos y aplicaciones de banda ancha para diversos propósitos, como el comercio electrónico en el mundo privado y el gobierno electrónico en el mundo de la gestión pública.

Elemento esencial en el desarrollo del gobierno electrónico es el establecimiento de la firma digital como un registro seguro de la identidad, que en las personas naturales en Perú tomará la forma del DNI electrónico.

Por otra parte, en los últimos meses hemos presenciado un debate sobre cómo proteger la seguridad ciudadana, en particular de los abonados de líneas móviles, ante el uso delictivo de estos dispositivos.

Sobre el tema, ya nos hemos pronunciado en el sentido de que el Registro de Abonados Prepago (RAP) no es necesariamente una herramienta ideal para tal fin, e incluso podría ser contraproducente, porque crea una base de datos con un valor legal que no distingue entre abonado y usuario (http://bit.ly/WtuNEp).

En esta oportunidad, nos detendremos a analizar algo más la propuesta de RENIEC sobre el uso de sensores biométricos como un buen medio de identificación personal, que por la forma en que ha sido planteado (http://bit.ly/11Ghjqj) pareciera concebido más como una fuente de ingreso adicional para RENIEC que como una inversión del Estado como parte de su política de seguridad ciudadana.

La solución biométrica

El funcionamiento de la solución propuesta por RENIEC requiere que el canal comercial cuente con 2 recursos: un equipo sensor de la huella digital y una conexión internet a RENIEC.

De esta forma, el procedimiento de autenticación de la identidad al momento de la compra de una línea móvil consiste en que el responsable del punto de venta tome los datos personales del comprador en dicho equipo sensor, que mediante una conexión internet permita que RENIEC los valide.

Este solo hecho limita la eficacia de esta solución, por una razón muy sencilla.

Por un lado, como es previsible, los canales formales de los operadores móviles cuentan con conexión internet; los canales informales no.

Por otro lado, actualmente los canales comerciales formales solicitan el DNI y verifican su autenticidad; los canales informales no.

Esto ocurre porque los canales informales no tienen ningún incentivo para tal verificación de la identidad de sus compradores. Más aún, tienen un incentivo exactamente opuesto, pues mientras más rápido puedan vender y cobrar, tienen más tiempo para vender más.

Esta solución, entonces, resuelve el problema donde no existe.

En general, nos atrevemos a afirmar que, por muy creativos que podamos ser, es difícil concebir un procedimiento por el cual logremos sea el responsable (si podemos llamarlo así) del canal informal quien se asegure de verificar la identidad del comprador de la línea móvil.

Pero aquí no queda la cosa.

Los ingresos de RENIEC

Junto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y algunas otras instituciones, RENIEC forma parte de las entidades conocidas como organismos autónomos en la estructura del Estado Peruano.

Los organismos autónomos son llamados así, por cuánto el rol que cumplen exige su independencia respecto de cualquiera de los 3 poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Entre dichos organismos, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) se distingue del resto porque, en forma similar al resto de agencias de regulación, tiene como única fuente de financiamiento el aporte efectuado por sus regulados.

Entre el resto de organismos autónomos, un análisis de sus presupuestos anuales muestra que en el caso de RENIEC, bastante más de la mitad de su presupuesto procede de ingresos propios, correspondientes sobre todo a la emisión de DNIs nuevos, renovados y duplicados.

En efecto, según cifras de la propia institución para los últimos 5 años (2009-2013), su presupuesto institucional de apertura (PIA) incluyó en promedio 68% de fondos provenientes de sus ingresos directos.

Estas cifras resultan sustancialmente más altas que para el resto de organismos autónomos (con excepción de SBS), cuyo financiamiento procede en casi 100% de transferencias del Tesoro Público.

Esta situación puede ser conceptualmente razonable, porque así como las agencias de regulación existen para subsanar las fallas de mercado introducidas potencialmente por las empresas reguladas, RENIEC gestiona el deber (además del derecho) de los ciudadanos de mantener una identidad como parte de nuestra vida en sociedad.

Sin embargo, ¿es también razonable que RENIEC genere ingresos por el cobro a los operadores para un propósito de seguridad ciudadana, ajeno al ámbito propio de las telecomunicaciones? Creemos que no.

La solución RENIEC para la seguridad móvil: ¿quién debe pagar?

Sin lugar a dudas, “la seguridad es tarea de todos”. Es decir, todos colaboramos desde nuestra posición en la sociedad, con una labor que es por definición liderada por el Estado.

“Desde nuestra posición” no significa que aportamos financiamiento, sino que tenemos el deber de no obstruir la labor del Estado.

Siendo esto así, y si consideramos que el registro de abonados prepago (RAP) existe por obligación regulatoria y no por iniciativa de los operadores, podemos exigir a éstos que cumplan con su sostenimiento, pero no que por esa razón deban financiar un procedimiento como la solución biométrica de RENIEC, que en última instancia no es inherente a la provisión de sus servicios, sino que responden a políticas de Estado en seguridad ciudadana, que no es otra cosa que un ámbito distinto a las telecomunicaciones.

En otras palabras, si no es suficiente con demostrar que el uso de la solución biométrica de RENIEC no es eficaz para la gestión del RAP (por cuánto resuelve el problema sólo donde no existe), si el Estado insistiera en su aplicación, ello debería ser financiado por el Estado, y no por los operadores.

¿Financiado por quién en el Estado? Entendemos que RENIEC plantee tal solución como una fuente de ingresos propios, pues éstos financian cada vez más sus presupuestos anuales, de modo que quedaría a un acuerdo esta institución y otras entidades vinculadas a la seguridad ciudadana a nivel país, determinar la forma de financiamiento. A menos, por supuesto, que resuelvan utilizar alguna solución más costo-efectiva, en beneficio de todos.