A inicios de febrero, Venezuela anunció el retiro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Esta es una institución del Grupo del Banco Mundial, que entre sus mandatos, tiene la tarea de "promover  y brindar  seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales".

Frente a esta problemática, se suma el factor de que el Estado venezolano ha ejercido una política sistemática de nacionalización de empresas en sectores considerados estratégicos para el Estado, de acuerdo a lo enunciado por el gobierno, esta política se "para rescatar empresas consideradas en riesgo".

De acuerdo a una nota de comunicación a sus clientes, la firma de Bolsa Bernstein Research afirma que dada la crisis económica que experimenta el país "ha aumentado el riesgo de expropiación o de imposición de impuestos draconianos para Telefónica".

Telefónica Venezuela tiene además la barrera que le impone el Estado, debido a que no le permite enviar las utilidades obtenidas desde el 2008 a la matriz en España.

La suma de estos factores podría resultar en una bomba de tiempo que podría estar situando a Telefónica en un contexto vulnerable a la nacionalización de la empresa.